Juan Carlos Castillo, representante por Santa Fe en la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA), aeguró en Dicho de otro modo que la iniciativa representa "un grave retroceso para la soberanía nacional y el interés colectivo".
A través de un comunicado, la entidad afirmó que el proyecto modificaría la legislación vigente sobre la propiedad de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras, y sostuvo que ello favorecería la explotación de recursos naturales, incrementaría el riesgo de desalojos y afectaría la producción de alimentos y la permanencia de las comunidades en sus territorios.